El licenciamiento a cargo de la SUNEDU es un proceso histórico que le ha cambiado la fisonomía al subsistema de educación universitaria peruana. El cierre de 44 universidades en un universo de 141 universidades que presentaron su solicitud de licenciamiento en 2015 ha marcado un antes y después en la percepción de la comunidad universitaria nacional.

Con una aceptación social mayoritaria, la SUNEDU nos ha devuelto la fe a muchos en la calidad de la educación universitaria peruana. Sin embargo, tampoco podemos negar que el cierre de las universidades con licenciamiento denegado ha generado una situación de caos para los más de 165,000 estudiantes afectados.

La medida dispuesta por la ley, es que las universidades con licencia denegada tendrían un plazo de dos años para proceder al cierre de actividades, lo que les permitiría concluir los procesos académicos de los que se encontraban en los últimos ciclos y ejecutar los procedimientos que le permitan a sus estudiantes reubicarse en otras universidades, que si hayan logrado el licenciamiento, para continuar sus estudios allí. El problema es que la implementación masiva de estos procesos, no estuvo debidamente planificada y por tanto tuvo que enfrentar las reacciones sociales adversas propias de la gran frustración y desconcierto que esta “limpieza” del sistema universitario generó.

En este contexto, la llegada del estado de emergencia a causa del COVID-19, como era de esperarse ha determinado una crisis de significación en todo el sistema educativo lo que ha complicado más aún la situación ya delicada de los estudiantes de las universidades con licenciamiento denegado.

Frente a ello, la SUNEDU mediante Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD ha autorizado a las universidades en proceso de cierre a solicitar una ampliación de plazo para tal fin de tres años adicionales, cumpliendo con ciertos requisitos establecidos en la norma. Esta disposición implica que los estudiantes de las universidades con licencia denegada puedan recibir los servicios educativos en dichas casas de estudio por el plazo de cinco años, lo que implica prácticamente la culminación de toda la carrera para los recién ingresantes.

Evidentemente, el efecto de esta medida va mucho más allá de la emergencia sanitaria, y sus consecuencias académicas nos generan algunas inquietudes en relación al impacto que esta ampliación de plazo de cierre puede tener respecto al sentido de la reforma universitaria iniciada por la SUNEDU en el año 2015.

Cuando se dieron las primeras denegatorias, las autoridades de la SUNEDU sostenían que el cierre de las universidades era una acción de protección de los derechos de los estudiantes que se encontraban en casas de estudios que adolecían de las condiciones básicas de calidad y que su pase a otras universidades licenciadas constituía una buena solución . Entonces ¿qué pasa ahora con esas afirmaciones? … ¿la situación de emergencia ha mejorado las condiciones básicas de las universidades con licenciamiento denegado? … ¿por qué se ha concebido una ampliación de plazo de cierre que de manera evidente abre la posibilidad de que los estudiantes, casi recién ingresantes, prácticamente concluyan la carrera en las aulas de una universidad con licencia denegada? … ¿cómo quedó la defensa de los intereses de los estudiantes y de la sociedad que estaba detrás del licenciamiento ?

En nuestra opinión, la emisión de esta Resolución podría ser interpretada como una muestra de debilidad de la política educativa del sector y una victoria de los criterios políticos sobre los técnicos. Se ha lanzado un salvavidas a las universidades denegadas ante la incapacidad del Minedu de adoptar acciones que aseguren la reubicación de los numerosos estudiantes afectados y ello denota que no se midieron las consecuencias de la política pública encomendada a la SUNEDU; falencia que nos lleva ahora a promover que los 165 000 estudiantes o más continúen formándose por debajo de las condiciones básicas de calidad. Factura que pagarán no solo ellos ........ sino todos los peruanos!

La lucha para desestigmatizar a los estudiantes egresados de las universidades con licencia denegada en una sociedad prejuiciosa y elitista como la peruana iba a ser ardua si lográbamos reubicarlos durante los próximos dos años, pero ahora con esta medida, comprensible en parte a causa de la emergencia sanitaria, ha llevado más lejos el reto y elevado el alcance de sus consecuencias.

En este contexto, aparentemente pesimista, queremos renovar nuestro compromiso y apoyo a la reforma universitaria iniciada , razón por la cual recomendamos a las autoridades del sector que tan pronto acabe la pandemia, promuevan que la ampliación de plazo otorgado sea utilizado para impulsar el pase de los estudiantes a casas de estudios licenciadas y no permitir que se continúe formando a profesionales en instituciones educativas de dudosa calidad.