viernes, 07 mayo 2021

Educación y normativa en el Perú: ¿necesitamos más normas legales?

En diciembre del año pasado la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República recibió el proyecto de Ley 06846-2020/CR que dispone la masificación de la lectura de la constitución política en las escuelas del Perú, meses antes se había presentado el proyecto de ley 05719-2020/CR que dispone la política educativa de educación cívica y formación en valores de la EBR.

26 de enero 2021

En la misma línea el martes 20 de enero en el evento organizado por el Congreso de la República titulado “La educación en el Perú como derecho fundamental”, uno de los expositores invitados destacó la necesidad de reimplantar la educación cívica en la formación básica de las personas, destacando la urgencia de generar valores democráticos y el ejercicio del deber de sufragio debidamente informados. Se instó cordialmente al Congreso de la República a promover espacios televisivos de debate programático en el canal del Estado.

Sobre el particular, nos parece importante recordar que tanto el artículo 14 de la Constitución Política del Estado promulgada en el año 1993, así como el artículo 8 de la Ley General de Educación, también vigente desde el año 2003, contemplan la obligatoriedad de la formación ética y cívica de las personas, obvio que dicha obligación recae sobre todos los actores educativos comenzando por el Ministerio de Educación. Ello parece que no se condice con la poca importancia que se le da a esta materia en el currículo nacional fusionándolo con otros contenidos como parte del curso Personal Social, pero lo que sí nos queda totalmente claro es que no se requiere de ninguna iniciativa legal para obligar a las escuelas a reponer el curso, o darle mayor eficacia. Bastaría con una disposición del Ministerio de Educación o la simple toma de conciencia de la comunidad educativa peruana del costo social que todos estamos pagando por la poca conciencia cívica que se desarrolla en nuestras instituciones educativas. La informalidad, la corrupción… y el avance de la pandemia... son evidencias del alto costo que estamos pagando por esta debilidad del sistema educativo nacional.

En relación a los valores democráticos, la educación superior podría asumir el reto de fortalecer las competencias cívicas en nuestros jóvenes y jóvenes adultos con ejercicios simples que los motiven a hacer resúmenes y análisis sobre los planes de gobierno para ayudarlos a que ejerzan su voto basado en criterios objetivos relacionados con los planes de gobierno en vez de dejarse llevar solo por la empatía que construyen los medios de comunicación muchas veces motivadas por intereses ocultos y nada santos. En estas próximas elecciones vitales para enfrentar la crisis sanitaria y económica del Perú y el mundo requerimos más que nunca de una población educada capaz de ejercer con responsabilidad sus deberes democráticos, éticos y cívicos.

Definitivamente, no necesitamos la promulgación de carísimas normas legales que consumen nuestros impuestos en debates demagógicos que solo sirven para que los congresistas hipnoticen a sus potenciales votantes, necesitamos autoridades educativas en todos los niveles de gestión que tengan claridad de sus obligaciones y derechos, que sean conscientes de lo que significa brindar calidad educativa y que no se conformen con llenar formatitos y reportes para justificar su sueldo sino que se comprometan con desarrollar competencias en los estudiantes que les sirvan para desarrollar su proyecto de vida y el desarrollo sostenible del país (artículo 9 de la Ley General de Educación), como se ve... si de normas se trata ya tenemos suficientes, solo nos hace falta que se cumplan, o ¿qué piensa usted?

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