domingo, 20 septiembre 2020

¿El negocio o la candidatura?

“Sin bien la utilización del poder político para los negocios particulares ya no es novedad en el Perú, debe ser de lo más bajo que hemos visto post Lava Jato”

02 de agosto 2020

Rosa María Palacios

Para cualquier ojo atento a la política peruana no es un fenómeno nuevo el de la universidad-partido. El caso de Alianza para el Progreso y los múltiples negocios universitarios de la familia Acuña, la que a su vez tiene a varios de sus miembros como candidatos ganadores en diversas elecciones nacionales y locales, no es el único. No es por cierto ningún ilícito ser promotor de la educación universitaria y aspirar a la Presidencia del Perú. Raúl Diez Canseco y José Luna Gálvez podrían acompañar a Cesar Acuña en la cedula de sufragio el 2021. Tendrán mucho o poco éxito en la medida del respaldo que obtengan las plataformas universitarias que han desarrollado y sobre las que han construido su prestigio (o su desprestigio).

Sin embargo, durante el debate y aprobación de la Ley de Reforma Universitaria el 2014 fueron muchas las intervenciones interesadas de congresistas directa o indirectamente vinculados a universidades privadas que se resistían a una reforma que era urgente. Por ello, desde que Sunedu empezó a operar con fuerza, la cabeza del Ministro de Educación ha sido un bocado muy solicitado en el canibalismo político del que hemos conocido mucho desde que Keiko Fujimori perdió las elecciones. Bajarse al ministro de Educación ha sido una forma de crear alianzas políticas o buscarlas con aquellos con interés directo.

La reforma universitaria es tal vez la única reforma exitosa del último lustro. Hoy apoyada por padres, alumnos y docentes, obligó a las universidades a invertir en la calidad de su oferta para, al menos, alcanzar estándares mínimos. Las que no lo hicieron, como se ofreció, quedaron fuera del sistema. En un país donde el compadrazgo y la clientela son la norma, que se cumpla la ley es motivo de orgullo y esperanza. Así parecían haberlo entendido los que, después de resistencia y millonarias inversiones, obtuvieron el licenciamiento. Una generación de futuros estudiantes estafados ha quedado a salvo.

Sin embargo, los vínculos políticos de las universidades sin licencia no murieron cuando a estas se les dio un plazo para liquidar sus operaciones. El escandaloso caso de Telesup, con presencia de 11 congresistas de Podemos, explica que se esté interpelando al ministro de Educación, Martín Benavides. El pliego interpelatorio, sobre su gestión en Sunedu, con mentiras descaradas sobre un supuesto favorecimiento a la UTP, usa un instrumento constitucional para las venganzas comerciales de los señores Luna. Lo increíble es que no les han faltado aliados.

Sin bien la utilización del poder político para los negocios particulares ya no es novedad en el Perú, debe ser de lo más bajo que hemos visto post Lava Jato. Lo que no se entiende, ni desde el punto de vista político ni del comercial, es qué hacen embarcados en el mismo discurso APP de Acuña y AP de Raúl Diez Canseco. ¿Por qué los promotores de dos universidades que han invertido millones en su licenciamiento quieren estar en el mismo club de Luna? Lo de Acción Popular solo puede explicarse en una facción enemiga de la candidatura de Diez Canseco, presente en la bancada, que busca debilitarlo, pero ¿lo de Acuña? Es candidato único.

La censura al ministro Martín Benavides es una reedición de la censura a Jaime Saavedra y a la de todo el gabinete Zavala que hizo cuestión de confianza de la permanencia de la ministra Marilú Martens en educación. Hoy Martín Vizcarra no tiene cómo cerrar el Congreso, pero le queda una bala. Con 60 % de popularidad todavía puede traerse abajo las candidaturas del 2021 que le toquen la reforma universitaria. Una anticampaña, de un presidente popular, es algo que ningún candidato presidencial quiere en su camino.

El lunes el gabinete Cateriano no la tiene fácil. Su única esperanza es que, a la hora de votar, pese más la candidatura que el negocio.

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