jueves, 06 agosto 2020

LEY DE MORATORIA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES ¿A quién beneficia su aprobación?

La moratoria constituye un medio que impide el acceso al mercado de mejores universidades, condenando a la sociedad peruana a conformarse con oferta actual, que es deficiente.

15 de junio 2020

Como sabemos todos la conocida Ley de Moratoria de universidades es una disposición legal que establece un lapso de tiempo durante el cual el Estado peruano inhibe su atribución de crear o autorizar nuevas universidades en el territorio nacional.

La ley que determinó esta moratoria se promulgó en el año 2012 , el periodo dispuesto fue de cinco (5) años y expresamente indicaba en su articulado que la finalidad de la moratoria para la creación de nuevas universidades era permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación, en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades de desarrollo del país.

Cumplido el plazo previsto se emitió una norma ampliatoria , para entonces la SUNEDU ya estaba funcionando y las universidades en pleno proceso de licenciamiento (aunque sólo 23 de las 147 lo habían alcanzado hasta ese momento). El Dictamen de la Ley que amplió la moratoria justificaba la medida indicando que, “Esta circunstancia resulta preponderante de tomarse en cuenta, toda vez que como se ha manifestado, la calidad de la educación superior en nuestro país es bastante baja. En dicho contexto, resulta contraproducente la creación de más universidades que para poder funcionar también deben licenciarse, mientras no se ha concluido con los procesos de las que ya se encuentran en funcionamiento y en pleno proceso de adecuación a las condiciones mínimas que se exigen para garantizar una educación de calidad a nuestros estudiantes”. Expuesta de esta forma resultaba pertinente la propuesta legislativa, esperando que en el periodo adicional se pudiera tener la información real sobre la oferta educativa de calidad que existe en nuestro país, y por tanto determinar la verdadera necesidad de crear universidades públicas o privadas . Sin embargo, nuevamente se ha vencido el plazo establecido por la ley para la moratoria y el Poder Ejecutivo ha presentado una propuesta de ley de moratoria solicitando el plazo de un año. De nuevo, los argumentos comentados por el Ministro de Educación citan , entre otros: • Avanzar en la institucionalización de universidades con comisión organizadora. • Culminar con las normativas pendientes para reformar el sistema universitario

Reiteradamente en el Perú se limitado la autorización de nuevas universidades aduciendo que se requiere un estado de moratoria para mejorar el sistema educativo universitario. La sumatoria de plazos de las moratorias llega a ocho años, de los cuáles los últimos 6 contábamos ya con la actuación de la SUNEDU como filtro de acceso al mercado para las nuevas universidades. Las personas que se manifiestan a favor de la moratoria como medio de protección para la calidad del sistema universitario parecen partir del supuesto que todas las solicitudes de autorización de nuevas entidades serán de mala calidad... ¿Pero, será eso verdad? … Acaso no podrían presentarse entidades serias que ofrezcan al país una mejor calidad de servicio educativo. Considerando este tiempo de crisis y la necesidad de asumir precipitadamente la modalidad no presencial ... ¿resulta justo que no se pueda licenciar a nuevas universidades que ofrezcan un verdadero servicio de educación a distancia?

En este escenario la moratoria constituye un medio que impide el acceso al mercado de mejores universidades condenando a la sociedad peruana a conformarse con la oferta actual, que es deficiente y según las propias palabras del ministro tiene que ser fortalecida.

La Constitución Política del Estado, establece que la iniciativa privada es libre, que nos regimos por la economía social de mercado, y que toda persona tiene libertad para promover y conducir instituciones educativas, inclusive con fines de lucro. La idea del libre mercado es generar condiciones para que el ciudadano tenga una mayor capacidad de elegir. Es cierto también, que son muchas las personas que comparten el sentir que la educación es un servicio estratégico y que debería ser objeto de una regulación especial; pero nuestro marco legal vigente dice lo que dice y por seguridad jurídica todos los peruanos debemos respetar las reglas de juego establecidas en la ley. Paradójicamente, en las propuestas de nuestros congresistas se sostiene que: “no resulta recomendable crear universidades, en tanto no se conozca y determine la verdadera necesidad de oferta educativa que se requiere, por tanto, este aspecto constituye un factor preponderante a tomar en cuenta para incrementar la moratoria para la no creación de universidades públicas y privadas ”. De estas afirmaciones podríamos desprender que nuestros padres de la Patria, a través de las leyes de moratoria, están irrogándose la atribución de determinar cuántas universidades públicas y privadas debe tener nuestro país; evidente contradicción a la doctrina de libre mercado.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, parecería que la argumentación es que la SUNEDU está demasiado atareada con los procesos de licenciamiento en marcha, por lo que requiere de un plazo de gracia para poder cumplir con su función. En ese contexto, más allá de que sea constitucionalmente correcto aceptar esta limitación a nuestro derecho como consumidor para obtener una mejor protección al sistema de educación superior, no podemos evitar preguntarnos, ¿Será suficiente tiempo? ¿Cuánto más debemos esperar? Y, por otro lado, la alternativa propuesta de permitir que las universidades licenciadas abran filiales para ampliar su cobertura, no soluciona la restricción al derecho del libre mercado; por el contrario, consolida una práctica oligopólica que podría mantener al sistema universitario en un estado de mediocridad. Recordemos que la creación de filiales fue otra medida polémica, que ha tenido idas y venidas en nuestro sistema universitario y sus antecedentes estuvieron totalmente reñidos con la calidad, entonces, ¿por qué ahora las deberíamos autorizar? y, en condiciones de mercado cautivo, ¿no resultaría ser un agravante más que una solución?

Desde el GICES seguiremos atentos a estas contradicciones normativas que, en vez de contribuir a la calidad del servicio, lo politizan y enturbian de manera preocupante o … ¿qué piensa usted?

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