viernes, 04 diciembre 2020

REFORMA UNIVERSITARIA: TEMA DE PERSONAS O DE INSTITUCIONES

La reforma universitaria es de todos los peruanos

05 de agosto 2020

Tal como ha sido difundido por los medios de comunicación, el 04 de agosto último ha ocurrido un hecho político que no tiene precedente, al menos durante los últimos 20 años de la historia democrática nacional: Se le ha negado el voto de investidura a un gabinete ministerial. Esta situación si bien es grave “per se” asume una gravedad mucho mayor, dada la situación de emergencia sanitaria y de profunda crisis económica en la que nos encontramos.

El rechazo de parte de la población a esta muestra de irresponsabilidad política de los congresistas ha sido prácticamente unánime pero lo que ha resultado peor, es escuchar las denuncias del Primer Ministro respecto a que fue objeto de un chantaje por medio del cuál debía canjear su voto de confianza por la separación de uno de sus ministros: nada menos que el de la cartera de Educación Martín Benavides.

Las declaraciones de los analistas políticos señalan que este vil chantaje se debe a la vendetta política que los congresistas dueños de universidades con licencia de funcionamiento denegada por la SUNEDU, tienen contra el ex Superintendente y hoy Ministro de Educación (Martín Benavides) y declaran insistentemente que el ministro Benavides es el defensor de la reforma universitaria y recomiendan se le mantenga en la cartera, como señal política de la continuidad de tal reforma.

Al margen de nuestra opinión sobre la conveniencia o no de mantener al ministro Benavides a la cabeza del MINEDU, quisiéramos recordar con nuestros lectores lo que ha significado para el país este proceso de reforma universitaria y los diferentes actores que han estado involucrados en la misma, hagamos un breve recuento de hechos:

La actual Ley Universitaria 30220 promulgada en el año 2014, reemplazó a la anterior Ley Universitaria 23733 que fue promulgada en el año 1983. Como es fácil de entender, la antigua ley se encontraba completamente ajena a las exigencias de la sociedad actual teniendo en cuenta que la década de los noventas fue un hito en relación al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, marcando cambios dramáticos en la sociedad que la ley universitaria tenía que considerar. La larga vigencia de la antigua ley universitaria tuvo que ver de manera explícita con el mantenimiento de un status quo en el cual la autonomía universitaria era entendida como un sinónimo de blindaje por el cuál nada ni nadie podía decirle a la universidad lo que debía hacer. Si bien en esos 20 años de vigencia se dieron muchas modificaciones específicas a su articulado, se trataba prácticamente de parches y remiendos que no permitían una discusión en torno al verdadero rol de la universidad en la sociedad actual. Adicionalmente a ello, como todos sabemos el libertinaje en la creación de universidades tanto públicas como privadas con fines de lucro, dieron por resultado un crecimiento desmedido de la oferta universitaria en muchos casos carente de la más mínima exigencia de calidad. En ese contexto, en el año 2001, mediante Resolución Suprema Nº 305-2001-ED, se creó la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación, encargada de hacer un diagnóstico de la realidad universitaria del país y de elaborar un Anteproyecto de Ley Universitaria. Como presidente de la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria se designó al Arq. Martín Javier Sota Nadal y estuvo integrada por 9 académicos designados por Resolución Ministerial. Esta comisión publicó un diagnóstico crudo de la realidad universitaria peruana en la que se hizo evidente la imperiosa necesidad de una reforma legal que redefiniera legal y políticamente la autonomía universitaria y pusiera a la universidad verdaderamente al servicio de la sociedad. La propuesta de ley fue publicada en un encarte del Comercio para promover el debate en todos los ámbitos de la sociedad, pero por presiones políticas el proyecto no pudo ingresar al Congreso de la República.

En el año 2003, el Congreso de la República siendo la presidenta de la Comisión de Educación la congresista Mercedes Cabanillas puso al debate el predictamen de la Ley de Educación Superior, el cual fue discutido en diversos espacios, pero por falta de consenso, no logró ser ingresado al pleno. El tema más polémico fue la creación de un ente rector de la Universidad. Lo que sí se logró en ese año fue la aprobación de la Ley General de Educación 28044 que, entre otras cosas, dispuso la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, norma que también fue combatida bajo el argumento de que la acreditación universitaria constituía un atentado contra la autonomía universitaria.

En el año 2005, estando como Ministro de Educación el Arq. Martin Javier Sota Nadal, se retomó la difusión de la propuesta de Ley de Educación Superior, como “Anteproyecto de la Ley del Sistema de Educación Universitaria Nacional”, pero la coyuntura política no permitió ingresar tal propuesta, al Congreso de la República.

En el año 2007 se promulgó la Ley del SINEACE teniendo en su interior al Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Universitaria – CONEAU que contempló la acreditación de las universidades y sus programas con carácter obligatorio para el caso de salud, educación y derecho. Esta norma también tuvo oposición a causa de la acreditación obligatoria que fue acusada de vulnerar la autonomía de la universidad.

En el año 2010 a causa de una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra una ley que regulaba la creación de la filiales universitarias, el Tribunal Constitucional se pronunció además, sobre el “estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario” que invalidaba el accionar de la ANR y el CONAFU y declaró la constitucionalidad del SINEACE y el CONEAU (Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, en base al expediente 0017-2008-PI/TC )

En el año 2013, la Comisión de Educación inicia el proceso de elaboración de una propuesta de ley universitaria bajo la conducción del Congresista Daniel Mora, y luego de una fuerte oposición se logró promulgar la nueva Ley Universitaria creando la SUNEDU.

En el año 2015 el Tribunal Constitucional en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra una serie de artículos de la Ley universitaria 30220, declara la constitucionalidad de la Ley. La sentencia contiene una fundamentación de 120 folios y, fue emitida en un contexto de gran presión social y política, pero fue un elemento determinante en la consolidación de la reforma universitaria nacional.

Este recuento de hechos representa una pequeña selección de hitos que describen el costoso proceso de reforma universitaria vivido por todos los peruanos desde hace más de 20 años. Por razones de espacio se han omitido otros temas importantes como los avances y retrocesos de la normativa vinculada a la creación de filiales universitarias, la emisión del Decreto Legislativo 882 que regula la creación de universidades con fines de lucro y las leyes sobre moratoria, entre otros temas polémicos que evidencian la gran cantidad de intereses que rodean a la universidad peruana y que muchas veces son abiertos opositores a toda exigencia en torno a su calidad.

Lo que queremos destacar con esta narrativa es que la reforma universitaria no es un tema que deba ser relacionado con una sola persona sino que es una lucha de décadas que ha sido ganada por toda una sociedad, a través de diversos actores institucionales que han sido parte del Ejecutivo, del Tribunal Constitucional y hasta del propio Congreso de la República. Creemos que es inexacto atribuir de manera exagerada a una sola persona el liderazgo de una reforma social. Por otro lado, planteamos que le hace daño a nuestro país el levantar constantemente a caudillos en vez de fortalecer el poder de la sociedad civil y toda forma de institucionalidad.

Desde el GICES, sostenemos que la reforma universitaria ha sido una victoria de la sociedad peruana y que la búsqueda de un culpable por parte de los opositores, contra el cuál se quieran vengar es una falta de respeto al derecho de autodeterminación de nuestro pueblo. Queremos confiar en que es verdad lo manifestado por nuestro Presidente en el discurso de hoy 5 de julio, cuando afirma que la reforma universitaria continuará. Esperamos que nuestros compatriotas recuerden que cada propuesta de ley con comisión incluida, elaborada por el Ejecutivo o el legislativo, cada sentencia del TC, ha sido financiada con recursos públicos, es decir con los impuestos de todos los peruanos. Retroceder de ella, no solo sería un inmenso desperdicio de los recursos públicos ya invertidos en esta lucha, sino sobre todo una renuncia a nuestra credibilidad como sociedad responsable que ha madurado políticamente y que ya no necesita que se levante un caudillo que nos libre de la opresión colonial. Por tanto le decimos al Congreso y a cuánto opositor a la reforma encontremos que: con Benavides o sin Benavides, la reforma universitaria tiene que continuar. O ¿qué piensa usted?

Enlaces de Interés

Contacto

995 761 575

grupogices@gmail.com